En una sesión de la Cámara de Diputados en la cual el oficialismo esperaba recibir el apoyo de algunas bancadas para hacer realidad el voto ciudadano a partir de los 16 años, no pudo ser posible ya que lo tuvo que hacerlo exclusivamente con el apoyo del FPV y sus habituales aliados, pero ya sin la oposición presente en el recinto.

La oposición con la excusa de que el discurso del Diputado capitalino y referente de “La Cámpora” Andrés Larroque fue agraviante cuando calificó de “narcosocialismo” al FAP santafesino por la detención del Jefe de la Policía Provincial Hugo Tognoli supuestamente involucrado con el narcotráfico, aprovechó la oportunidad para no acompañar finalmente el proyecto de ley que se debatía.

Hasta ese momento la extensa jornada legislativa había transcurrido en un clima de tranquilidad, pero dio un giro de 180 grados sobre el final de la misma, cuando el precitado diputado embistió contra el FAP y el radicalismo a quien le endilgó que no pueden ser capaces de “gestionar ni una calesita”.

Ambos comentarios de Larroque generaron un revuelo parlamentario de aquellos, viéndose por ejemplo al diputado santafesino Juan Carlos Zabalza, levantarse de su banca para luego ir a reclamarle a los gritos al titular de la Cámara, Julián Domínguez para que amoneste al expositor de tal calumnia.

Acto seguido, todos los bloques de la oposición abandonaron el recinto y por unos minutos la sesión quedó sin quórum, hasta que regresaron algunos oficialistas. Mientras tanto la barra constituida mayoritariamente por fracciones juveniles que apoyan al gobierno nacional (La Cámpora, la JP y el Movimiento Evita y otros vivaban a Larroque y abucheaban a los opositores).

En ese marco, el diputado Felipe Solá, uno de los que no abandonó el recinto, cuestionó a Larroque manifestando que no coincidía con Larroque cuando provoca a otros diputados opositores de quienes se necesita el apoyo parlamentario, calificándolo de irresponsable al verter esos conceptos cuando se está al borde del quórum.

Con la oposición fuera y los ánimos más calmados y ya con quórum se procedió a la votación, que arrojó 131 afirmativos y 2 negativos.

La aprobación generó los festejos de los jóvenes que estaban en las bandejas y de los legisladores, que finalizaron cantando la marcha peronista. Mientras tanto, fuera del recinto, la oposición desfilaba por los medios concentrados que se oponen al gobierno nacional despotricando contra Larroque.

Uno de los más expresivos fue el Jefe del bloque de la UCR Ricardo Gil Lavedra quien maniataba a la prensa que el diputado Larroque “Es un provocador profesional. De derechos humanos debe conocer lo mismo que un orangután y que por los términos ofensivos pese a que gran parte de la bancada iba a acompañar el proyecto procedieron a retirarse del recinto. UCR iba a votar a favor” del proyecto, pero lo más fuerte que dijo fue: “lo que hizo encaja con la prepotencia de la juventud de la chequera”.

El texto que fue convertido en ley modifica el primer artículo del Código Electoral, que ahora dirá que son electores nacionales “los argentinos nativos y por opción desde los 16 años y los argentinos naturalizados desde los 18 años”.

Esta muy bueno que los jóvenes asuman derechos y obligaciones en un contexto donde los tiempos de la infancia y adolescencia se han adelantado por la propia dinámica de la vida social.

Posiblemente las políticas nacionales que intentan una mejora en la educación a partir del incremento paulatino del presupuesto destinado para la educación, se corresponda con la adopción de esta medida ya que merced al fomento de la participación juvenil en la vida política y la existencia de avances tecnológicos como Internet contribuyen a la formación de los jóvenes más aceleradamente que en épocas anteriores.

Para los que no comparten que los jóvenes puedan votar a partir de los 16 años, podríamos decirles que ellos no son ni han sido los responsables de los grandes males que soportó la república y que puede que haya adolescentes que se encuentren muy bien formados e interesados en la política, así como, existen adultos que no se encuentran formados como se hubiera deseado.

El tiempo nos dirá si esta nueva ley ha sido positiva para el devenir de nuestra patria.

En una medida poco común el Poder Ejecutivo acusó penalmente al magistrado Luis Armella y además le solicitó al Consejo de la Magistratura la remoción de su cargo y juicio político por presuntos delitos de estafas y violación de los deberes de funcionario público, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha determinado el saneamiento de la Cuenca Matanza-Ricahuelo.

Al Juez Armella se lo acusa de haberse vinculado con un grupo de empresas que consiguieron contratos millonarios sin licitación previa alguna. La presentación firmada por el jefe de Gabinete de la Nación Juan Abal Medina señala que para las contrataciones se siguieron las órdenes del magistrado; en principio supuestamente a través de la firma AYSA se invitaba a un grupo de 6 empresas a los concursos privados, recayendo siempre la adjudicación para la empresa M&T.

Al respecto, un informe de la Auditoría General de la Nación concluye que dichas empresas se encuentran vinculadas por la alternancia de sus socios o la coincidencia de domicilios, es decir, el control de las mismas está en manos de un mismo grupo económico.

Por tal circunstancia, se levantaron cargos contra Armella por "estafa contra la administración pública", "violación de los deberes de funcionario público" y "negociaciones incompatibles con la función pública", imputaciones que suponen una pena de hasta 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer el cargo.

Todo comenzó con una investigación del periódico “Página 12” que constató el modus operandi delictivo en el que el juez Armella aparece como autor principal, ya que éste intimó a las autoridades del Acumar, bajo apercibimiento de graves sanciones y multas personales a los respectivos funcionarios, a realizar en plazos perentorios diversos obras.

Ante la premura exigida por el magistrado se habilitaron los procedimientos de excepción, pero casualmente las empresas beneficiadas por adjudicación directa sin proceso licitatorio se encuentran vinculadas al propio juez que dictaminó la premura en la realización de los proyectos.

En buena hora que los mecanismos de control de la Auditoría General de la Nación han actuado en tiempo y forma y que el poder ejecutivo no se ha hecho cómplice de las operaciones que constituyen un fraude para la administración pública, en este caso, hecho con la complicidad de un juez de la Nación.

Según un informe del GCBA hasta el 30 de setiembre de este año, se realizaron casi 900.000 fotomultas en la Ciudad. De esa cantidad, EL 30% (248.804), fueron hechas por 10 cámaras las que concentran la mayor cantidad de infracciones detectadas con esta tecnología.

Los dispositivos, que detectan la velocidad de un automóvil mediante luz infrarroja se encuentran ubicados en los puntos del territorio porteño en que las autoridades consideran más tentadores para que los automovilistas cometan infracciones.

La cámara estrella que se lleva las palmas en materia de multas es la ubicada en la calle Galván, entre Crisólogo Larralde y Flor del Aire, el sensor desde el 01/01/2012 y el 31/10/2012, se activó 97.081 veces brindando imágenes de vehículos que excedían la velocidad permitida que en ese lugar es de 40 km/h.

Otra cámara que recauda muy bien es la ubicada en la Avenida Díaz Vélez entre Bilinghurst y Sánchez de Bustamente. En este caso, se fotografiaron a 92.450 infractores. En ese punto de la ciudad, un cartel advierte a los conductores que se ha dispuesto la baja de la velocidad máxima permitida de 60 a 40 km/h.

En tercer lugar se ubica el tramo de la Avenida Figueroa Alcorta entre Sarmiento y La Pampa, en el que se hallan instalados 3 cinemómetros que hasta fines de septiembre/12 realizaron 100.403 fotomultas. A diferencia de la anterior zona, aquí el máximo de velocidad que se puede circular oscila entre los 60 y 70 km/h, nada despreciable para el tráfico que existe en la metrópoli, pese a lo cual, el número de infracciones es elevado.

No obstante que se encuentran habilitadas más de 40 cámaras que detectan las violaciones de tránsito, hay organizaciones que defienden la vida de los peatones principalmente que manifiestan que son insuficientes y que a medida que se incorporen nuevas, irán mermando las infracciones por costo que le significaría a los conductores, lo que haría que cambien sus hábitos de conducción.

En la Cámara de Senadores luego de una corta pero áspera sesión, el oficialismo del FPV y sus aliados lograron aprobar el proyecto de Ley que reglamenta el “pert saltum”, gracias al voto de 53 senadores que lo hicieron positivamente y 26 que lo hicieron en sentido contrario.
Ahora el proyecto será girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento y donde se descuenta que contará con el apoyo de la mayoría necesaria para convertirlo en ley.
Según la oposición este proyecto lo pone el oficialismo a consideración en estos momentos con dos propósitos bien específicos: 1) para lograr la plena vigencia de la Ley de Medios y 2) para dar sanción definitiva al presupuesto nacional para el año 2013, sin tener obstáculo legal alguno.
Pero el argumento más publicitado por los medios concentrados es que con la aprobación del “pert saltum” la causa Clarín esté a un paso de "saltar" el juzgado de la Cámara Civil, Comercial y Federal Nº1, -enfrentada al Gobierno- y así obligar a la Corte Suprema de Justicia a que sea ella la que en definitiva se pronuncie sobre la alegada inconstitucionalidad de los 2 artículos que versan sobre la desinversión y el número de licencias de radios y TV, que afecta los intereses del Grupo Clarín.
Sin embargo, el tratamiento del este proyecto de ley, es totalmente válido e incluso ha sido la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación la que ha solicitado que este instrumento sea legislado, por lo cual, no creemos que el mismo avance sobre la división de poderes ni vulnere las disposiciones constitucionales.
El argumento kirchnerista es que la norma tiende a establecer un recurso extraordinario por salto de “una manera muy sencilla para causas de competencia federal en las que se acrediten cuestiones de gravedad institucional” y “circunstancias excepcionales que así lo ameriten en defensa del interés general como sería el caso la ley de Medios que está en el candelero.
Por su parte desde la oposición, por ejemplo las huestes del Peronismo Federal, a través de su senadora Liliana Negrete de Alonso ha señalado que “la estrategia del Gobierno tiene como verdadero objetivo callar la voz de los que no tienen voz, pero que por suerte estan las redes sociales y no nos van a callar".
Al propio tiempo la legisladora de ninguna manera cree que existe conflicto alguno entre la ley y el Grupo Clarín, sino que el conflicto que percibe es "entre el Gobierno y un Grupo empresario”. No obstante, la senadora se preguntó: "¿Qué pasa con los otros grupos"?.
Por su parte la senadora María Eugenia Estenssoro (ex CC-FAP) siguiendo la línea bajada por el grupo estima que esta es “una nueva embestida feroz en contra de los pocos medios independientes y que la aplicación de la Ley de Medios es para justificar el “per saltum” no es pareja" para todos los grupos empresarios mediáticos”.
Asimismo, y fuera de todo sentido común afirmó también que "el Gobierno y el AFSCA son los principales violadores de la ley de Medios ya que, por ejemplo, la Autoridad Federal no cumplió con los tiempos para dictar las normas técnicas".